Decenas de personas bloquean la doble vía de Lorica -Cereté Foto: RPC Radio Lorica
El paro arrocero, que ya completa siete días en departamentos como Tolima, Huila, Meta, Casanare y Córdoba, sigue generando fuertes pérdidas económicas en el transporte intermunicipal de pasajeros. Según cifras del gremio, las pérdidas superan los 7.800 millones de pesos y más de 490.000 usuarios han resultado afectados por los bloqueos.
José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), advirtió que cada día sin acuerdos golpea no solo la economía del sector, sino también la confianza ciudadana. De continuar los cierres esta semana, las pérdidas podrían sobrepasar los 10.000 millones de pesos, afectando el regreso de trabajadores y estudiantes tras el receso de mitad de año.
El gremio volvió a solicitar al Gobierno Nacional y a los líderes del paro que se priorice el diálogo y se habiliten corredores humanitarios vigilados, para garantizar el tránsito seguro de pasajeros en regiones donde no existen rutas alternas.
Los productores denuncian que las pérdidas en el sector arrocero alcanzan entre 2’500.000 y 2’800.000 pesos por hectárea, lo que está llevando a la quiebra a pequeños y medianos agricultores. Reclaman precios justos, una regulación efectiva de la comercialización y el cumplimiento de los acuerdos firmados en el paro de marzo, que incluían financiamiento, manejo fitosanitario, un fondo de estabilización de precios y la revisión de los costos de producción.
Los bloqueos no solo afectan a los pasajeros. Camiones y mulas de carga han sufrido retrasos de hasta 10 horas y la cancelación de rutas, lo que perjudica gravemente la distribución de productos esenciales, entre ellos el aceite y otros alimentos básicos. La demora en la llegada a centros de distribución está encareciendo los costos logísticos y poniendo en riesgo la estabilidad del mercado.
Camilo García, vicepresidente de Aditt, insistió en que respetan el derecho a la protesta, pero esta no debe vulnerar los derechos fundamentales a la movilidad, la seguridad y el trabajo.
Entre los puntos más críticos se encuentran Saldaña, Armero y Gualanday (Tolima); Neiva y Campoalegre (Huila); la Vía al Llano (Meta); Aguazul (Casanare); y la doble calzada Lorica – Cereté (Córdoba), zonas clave para la distribución de alimentos y aceites hacia el interior del país.
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